El 20 de mayo de 2025, el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 339/2025, la derogación de diversos artículos de las Leyes N.º 24.467 y 25.872, que históricamente brindaron respaldo institucional al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta decisión se inscribe dentro del marco general del Decreto N.º 70/2023, cuyo artículo 2° establece que “el Estado Nacional promoverá un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia”, y dispone “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”. Asimismo, señala que “quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado o impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”. Sin embargo, interpretar que los programas ahora eliminados constituían per se “restricciones” o “exigencias normativas” resulta al menos cuestionable. Lejos de obstaculizar la libre iniciativa privada, estas herramientas estaban orientadas a facilitarla, corrigiendo asimetrías estructurales que impiden a las PyMEs competir en condiciones equitativas. En lugar de distorsionar el mercado, contribuían a ampliar la oferta, profesionalizar la gestión, fomentar la innovación y mejorar la inserción de estas empresas en mercados externos.
¿Qué se eliminó?
Programas eliminados y su impacto en la competitividad PyME
- Se elimina el Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento para las PyMEs – Artículo derogado: Artículo 12 de la Ley 24.467
Este artículo creaba un sistema nacional de información para la pequeña y mediana empresa, destinado a recolectar, organizar y difundir datos útiles para su desarrollo. Su eliminación reduce la disponibilidad de información estratégica para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, debilitando la capacidad del Estado de implementar herramientas segmentadas y efectivas. También afecta la toma de decisiones de las PyMEs, que pierden una fuente oficial de datos para orientar su planificación y competitividad.
- Fortalecimiento de estructuras de apoyo territorial a las PyMEs – Artículo derogado: Artículo 13 de la Ley 24.467
Este artículo indicaba que el Estado debía coordinar y fortalecer organismos y programas existentes. Su eliminación desmantela el respaldo legal a estructuras descentralizadas que operaban como soporte territorial para las PyMEs, afectando especialmente a las ubicadas fuera de grandes aglomerados urbanos y debilitando su acceso a asistencia técnica y programas de desarrollo productivo.
- Coordinación con Institutos Tecnológicos – Artículo derogado: Artículo 14 de la Ley 24.467
Establecía que el Estado debía impulsar el trabajo conjunto con institutos tecnológicos para apoyar procesos de modernización e innovación en PyMEs. Su derogación implica la pérdida de una política pública que conectaba conocimiento científico y desarrollo productivo, perjudicando especialmente a sectores con menor capacidad de acceso autónomo a servicios tecnológicos.
- Programa de Desarrollo de Proveedores – Artículos derogados: Artículos 16 y 17 de la Ley 24.467
Estos artículos creaban un programa para fomentar la incorporación de PyMEs como proveedoras de grandes empresas, mediante asistencia técnica y financiera. Su eliminación interrumpe una herramienta clave para escalar productivamente, mejorar capacidades industriales e insertarse en cadenas de valor, limitando la generación de empleo local y el desarrollo industrial de base.
- Incorporación al Sistema Nacional de Certificación de Calidad – Artículo derogado: Artículo 18 de la Ley 24.467
Este artículo promovía que las PyMEs adoptaran normas internacionales de calidad y se integraran al Sistema Nacional de Certificación. Su eliminación desincentiva procesos de mejora continua y dificulta la inserción en mercados exigentes, nacionales e internacionales, restando competitividad al sector.
- Consorcios de Exportación de PyMEs – Artículo derogado: Artículo 19 de la Ley 24.467
Este artículo fomentaba la creación de consorcios de exportación entre PyMEs para compartir costos, acceder a mercados y profesionalizar la comercialización internacional. Su eliminación debilita las estrategias de internacionalización del sector y afecta especialmente a empresas que no pueden exportar de forma individual, reduciendo su escala competitiva.
- Apoyo a la Internacionalización Comercial de las PyMEs – Artículos derogados: Artículos 20 y 21 de la Ley 24.467
Establecían líneas de acción específicas para apoyar la inserción comercial de PyMEs en el Mercosur y otros mercados regionales. Su eliminación reduce el respaldo institucional a la expansión internacional del sector, desalentando la diversificación de destinos y debilitando la competitividad externa de la producción nacional.
- Programa Nacional de Capacitación Gerencial – Artículo derogado: Artículo 22 de la Ley 24.467
Establecía un programa para fortalecer la capacidad de gestión de las PyMEs, con énfasis en dirección estratégica, finanzas, marketing y producción. Su eliminación impacta directamente en la profesionalización del sector, especialmente en pequeñas firmas de base familiar, donde las decisiones estratégicas muchas veces recaen en personas sin formación gerencial formal.
- Articulación general de acciones para la mejora competitiva de las PyMEs – Artículo derogado: Artículo 23 de la Ley 24.467
Este artículo establecía que el Estado debía continuar implementando herramientas crediticias y de capacitación específicamente dirigidas a las microempresas. Su derogación implica la eliminación del mandato legal de sostener políticas diferenciales para el segmento más vulnerable del tejido productivo. En términos de competitividad, esto significa desproteger a empresas con menores niveles de formalización, menores escalas productivas y mayor dependencia del acompañamiento estatal para desarrollarse y sostenerse en el mercado.
- Comisión Especial de Seguimiento – Artículo derogado: Artículo 105 de la Ley 24.467
Preveía la creación de una comisión de seguimiento tripartita para evaluar el impacto de la ley en el empleo y la negociación colectiva, y mediar voluntariamente en conflictos. Su eliminación implica la pérdida de un mecanismo institucional de monitoreo participativo, clave para corregir desajustes y garantizar que las políticas productivas sean coherentes con los efectos laborales.
- Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven – Artículos derogados: Artículos 1 al 9 y 12 al 14 de la Ley 25.872
Este programa fue creado para fomentar el desarrollo, consolidación y expansión de empresas lideradas por jóvenes de entre 18 y 35 años, mediante el acceso a herramientas crediticias, impositivas, fiscales, técnicas y de capacitación. También promovía la innovación tecnológica, la sustentabilidad, la articulación con universidades y ONG, y la inserción en mercados nacionales e internacionales. Su derogación implica la pérdida de una política integral de estímulo al emprendedurismo, privando a nuevos proyectos productivos de mecanismos institucionales de apoyo, financiamiento y formación. Esto debilita la renovación del tejido empresarial, especialmente en sectores con potencial innovador y en regiones de baja densidad productiva, afectando directamente la competitividad futura del país.
¿Qué se pierde?
Si bien es válido revisar la eficiencia de las políticas públicas, la eliminación abrupta de estos programas sin una estrategia de reemplazo puede dejar a las PyMEs desprotegidas. Estas empresas representan una porción significativa del empleo y la producción nacional, y suelen enfrentar desafíos estructurales como el acceso al financiamiento, la capacitación y la inserción en mercados internacionales.
La ausencia de políticas activas podría profundizar las desigualdades regionales y sectoriales, debilitando el entramado productivo y limitando las oportunidades para nuevos emprendimientos.
¿Es posible un equilibrio?
La eficiencia estatal y el apoyo al sector productivo no son objetivos excluyentes. Una revisión de los programas existentes, orientada a mejorar su transparencia y efectividad, podría haber sido una alternativa más equilibrada. Además, el diálogo con los actores involucrados, como cámaras empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, es fundamental para diseñar políticas que respondan a las necesidades reales del sector.
Conclusión
La derogación de estos programas plantea una tensión central entre los objetivos declarados de desregulación y el rol activo del Estado en la construcción de condiciones de competencia genuina.
Lejos de ser obstáculos para el libre mercado, las políticas eliminadas de apoyo a las PyMEs funcionaban como mecanismos de nivelación frente a barreras estructurales que distorsionan la competencia tanto o más que cualquier norma formal. En este sentido, considerar que políticas recientemente elkminadas actúan como “restricciones” al mercado supone una lectura reducida del Decreto 70/2023. Estas herramientas no imponían límites ni interferencias en la iniciativa privada, sino que ofrecían apoyo voluntario para que las PyMEs pudieran competir en mejores condiciones frente a actores con mayor escala o capital.
Si el propósito es promover un sistema económico donde todas las unidades productivas puedan tomar decisiones libres en un ámbito de concurrencia real, entonces es imprescindible reconocer que la libertad también requiere condiciones mínimas de equidad. La eliminación de herramientas orientadas a fortalecer esas condiciones no representa una desregulación virtuosa, sino un riesgo de desprotección que puede acentuar la concentración, debilitar la competitividad sistémica de las PyMEs y dejar sin impulso a uno de los sectores más dinámicos y resilientes del entramado productivo argentino.
La pérdida de herramientas para fortalecer la competitividad
Uno de los efectos más significativos de la derogación del paquete normativo es la pérdida de instrumentos diseñados para nivelar el terreno competitivo en favor de las pequeñas y medianas empresas. A diferencia de las grandes firmas, las PyMEs no disponen de los mismos recursos para acceder a tecnologías, certificaciones, formación gerencial o mercados internacionales. Los programas ahora eliminados apuntaban justamente a reducir esa brecha estructural, no a “subsidiar ineficiencia”, como sugiere el enfoque oficial. En ausencia de estas herramientas, muchas PyMEs quedarán más expuestas a condiciones desiguales, limitando su capacidad de innovar, exportar o escalar. En un país con fuerte centralismo económico, esta medida puede agudizar además las asimetrías regionales y debilitar las capacidades productivas locales.